El cuento de la buena megaminería | #EmergenciaEnLaTierra 🌎

No hay nada “popular” en imponer una actividad extractiva rechazada durante décadas por las comunidades a las que afecta. No importa cuántos institutos y mesas nacionales se creen: asambleas territoriales de norte a sur del país ya dijeron que no a la megaminería. El primer lunes de mayo, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, propuso el debate de “todos los actores involucrados” a partir de “información fidedigna”. Junto a funcionarios, gobernadores y dirigentes del empresariado minero nacional y transnacional, el Gobierno se encargó de mencionar que también asistieron Eco House y Jóvenes por el Clima (JOCA), lo que permitió a la prensa oficialista hablar de una reunión de “empresarios y ambientalistas para destrabar la actividad”. 

Con la presentación de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac) y el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam) el Gobierno busca barnizar con una pátina “académica” el extractivismo que amenaza el agua y la vida de los sectores populares. Un arco amplio de asambleas territoriales, comunidades indígenas, organizaciones socioambientales y referentes ya se manifestó contra lo que llamaron “el nuevo embate de la megaminería sobre los territorios”. 

La idea del diálogo con la industria minera no es novedosa: en 2010 el Gobierno de Cristina Kirchner ya lo había intentado. Como cuando la muñeca Stacy Malibu cambia de sombrero para dar apariencia de nueva, Kulfas y compañía tunearon una web en la que, con colores y gráficos, descargan los caballitos de batalla de siempre: la minería “genera puestos de trabajo” y “trae dólares”. Sin embargo, tres décadas de este experimento heredado del menemismo contradicen el relato creado a medida de las multinacionales que exprimen el agua y los cerros para saquear minerales, mientras dejan contaminación y pobreza. 

El idilio de la “extraña pareja” del empresariado minero y “el ambientalismo” duró poco. Además de llover críticas y repudios para las ONG que se sumaron, al día siguiente la Policía de Catamarca, dirigida personalmente por un comisario y un principal, reprimió con saña a los vecinos de Choya, en el departamento de Andalgalá, para vencer su bloqueo y reabastecer de combustible a la minera canadiense Yamana Gold. A Karina Orquera, madre de dos hijos, la detuvieron durante casi dos días.

Kulfas declaró que quiere debatir “con datos en la mano”. No obstante, el intercambio que propone parece saldado desde el comienzo, y no por la voluntad popular. Según la descripción de la Memac, su objetivo es “potenciar una minería que cuida el ambiente, genera puestos de trabajo, mejora las comunidades donde se inserta y es clave para el desarrollo productivo nacional”. 

Aunque Kulfas, Fernanda Ávila –exfuncionaria del Gobierno de Raúl Jalil y actual secretaria de Minería– y Cecilia Nicolini –secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación– hayan apelado a las comunidades e intentado establecer que es posible la armonía entre el extractivismo minero y el cuidado ambiental, no está en debate la posibilidad de respetar la voluntad popular y la profusa literatura científica que demuestra el impacto ambiental. El objetivo de la Memac y el Siacam está definido de antemano: potenciar la actividad. 

La iniciativa “no cayó nada bien”, dice Pablo Ceballos, integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. Aunque tampoco sorprende: “No es el primero ni el último de estos intentos que los Gobiernos hacen para tratar de justificar un accionar que históricamente varias provincias combatimos”. El activista cuenta que el ministerio de Kulfas no les envió invitación. De haberlo hecho, la decisión hubiera corrido por cuenta de la asamblea. Considerando que “en más del 90 % de la charla se habló solamente de los dólares que ingresarían al país” y el “gran negocio” de la megaminería, Ceballos estima que “en estos términos y en este momento no hubiéramos participado”. 

El referente destaca lo “exhaustiva” que fue la intervención de la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, al detallar cuántos impuestos pagan las mineras, al tiempo que omitió mencionar los beneficios, reintegros o subsidios que reciben. “Quedaría expuesto que, mientras pagan por una ventanilla, retiran por la otra”, explica. La Memac es, para el chubutense, un intento de “lavado verde” para la megaminería y el paso obligado del Gobierno tras las resistencias en Mendoza, La Rioja, Catamarca y Chubut, donde pese a la feroz represión hicieron caer una ley impulsada por los Gobiernos nacional y provincial. 

Quienes se oponen a la megaminería no rehúyen al debate: consideran que ya se ha dado durante dos décadas. No solo han impulsado protestas y movilizaciones: también participaron en debates parlamentarios y universitarios, jornadas de difusión, charlas con el sector científico, petitorios y plebiscitos. En La Rioja llegaron a presentar un proyecto para cultivar cáñamo industrial como actividad que sustituya la megaminería. “Desde Chubut, como en otras provincias, las asambleas se han encargado de difundir material técnico y científico que avala la negativa a estos emprendimientos, con documentos elaborados por universidades y centros científicos que residen en nuestra provincia”, apunta Ceballos.

“Otro discurso que nos indigna es cuando vemos a estos señores de oficina decir livianamente que antes de las empresas mineras no había nada en los territorios. Estos señores, o no han salido de Buenos Aires o niegan a las comunidades originarias sus costumbres, su profunda cultura ancestral, la economía local, la fauna, la flora de cada lugar y mucho más”, se queja Ceballos.

Brian Chayle, integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, califica de “puro humo” la convocatoria al diálogo hecha por el Gobierno y señala al gobernador Jalil, presente en el evento, como responsable de inventar causas en complicidad con la Policía y el Poder Judicial para criminalizar su reclamo contra el proyecto MARA de Yamana Gold.

“Hace muchos años que la sociedad se manifiesta en contra de estos emprendimientos de saqueo, destrucción, contaminación y muerte”, dice Chayle. Desde diciembre de 2009, con la creación de la asamblea, los andalgalenses tomaron más conciencia de lo que significa defender su “tanque de agua”, como llaman al Aconquija. Son más de doce años de caminatas por la vida, que cuentan con el apoyo de figuras como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas.

Mientras el Gobierno habla de exportar de cinco a diez veces más que antes, Chayle se pregunta: “¿Qué pasó con las riquezas de más de veinte años de Bajo de la Alumbrera?”. En 1997, el discurso oficial para instalar el yacimiento de cobre, oro y molibdeno en el departamento de Belén también apeló a comparaciones con Chile y la promesa de “miles y miles de puestos de trabajo, dinero para todo el mundo, desarrollo, etc.”. Un cuarto de siglo después, Catamarca es una “provincia indigente”, cuenta el asambleísta. Andalgalá en particular es uno de los departamentos más pobres, sin médicos especialistas, alergistas y oncólogos, detalla en referencia a las complicaciones de salud que dejó La Alumbrera. “Se multiplicaron las farmacias, pero el tan prometido desarrollo nunca llegó”, agrega. 

Aunque la Ordenanza 029/2016 que prohíbe la explotación minera en la cuenca del río Andalgalá sigue vigente, a la espera de que la Corte Suprema de la Nación adopte una definición, Yamana Gold nunca cesó su actividad ilegal. A más de mil kilómetros del evento encabezado por Kulfas, “la caza de brujas nunca se detuvo”, cuenta Chayle. Además de la represión del martes, siguen convocando a la fiscalía a los asambleístas detenidos y allanados arbitrariamente en abril de 2021. “No entienden que eso no nos amedrenta. Todo lo contrario”, afirma. “Por el amor a la tierra que nos cobija, por las futuras generaciones, nunca vamos a rendirnos”.

Hace algunos años iba de suyo que las organizaciones ambientalistas defendieran su independencia de Gobiernos y empresas. En febrero de este año los elogios de Kulfas a Eco House y Jóvenes por el Clima confirmaron que el Gobierno eligió a sus dirigentes como interlocutores privilegiados. Gracias a este diálogo, el ministro reivindicó que su gestión era la primera en involucrarse “en serio en la problemática ambiental”.

“Desconozco lo que piensan o por qué se presentaron algunas agrupaciones ambientalistas a esto”, contesta el catamarqueño Chayle. A Ceballos no le sorprende la participación de JOCA en el evento, ya que considera que se transformó cada vez más en el “ala verde” del Gobierno, “tratando de desviar cierto sector del ambientalismo” y perdiendo credibilidad entre los que luchan en las calles, donde JOCA ha “brillado por su ausencia”. 

La asociación civil Eco House, fundada en 2011, no solo hace cabildeo parlamentario entre los partidos extractivistas o campañas con figuras públicas. Aunque se define como club, funciona como una consultora que, con aval del Ministerio de Ambiente, otorga certificaciones bronce, plata, oro y diamante a “oficinas conscientes”. Lo mismo da una escuela que el Banco Galicia, Uber, Adidas, Naturgy, Danone y Casafe, la cámara de fabricantes de agrotóxicos.

En el evento en Producción, Federico Pellegrino, coordinador del departamento de políticas, habló del “lobby minero, con todo respeto (sic)” y se mostró muy preocupado por averiguar si se va a “generar un valor agregado acá a esos metales”. Ante el repudio generalizado, Eco House sacó una declaración donde aseguran que rechazan “el modelo de megaminería que se está llevando a cabo“, dicen estar “sumamente dolidos“ por las críticas a sus voceros y hablan de “repensar su estrategia“ y acercarse más a las asambleas territoriales.

JOCA, por su parte, supo canalizar la esperanza y el entusiasmo de sectores comprometidos. Fundada en 2019 tras la explosión del movimiento climático inspirado por la protesta de Greta Thunberg en el Parlamento sueco, mezcló las manifestaciones con el cabildeo, las charlas sobre agroecología con las cumbres climáticas y los lives de Instagram con las visitas a funcionarios. En su meteórico ascenso a la arena mundial, de las COP a las entrevistas con The New York Times, hicieron pensar que finalmente los sectores combativos llegaban a lugares de peso. 

Cuando el dirigente Bruno Rodríguez tomó la palabra el lunes 2 leyó su discurso con el tono monocorde de un funcionario. Sosteniendo su teléfono móvil, lanzó expresiones como “ingeniería institucional”, “transparencia”, “calidad democrática” y “conflictividad social”, enfatizando que el debate es sobre “modelos de desarrollo económico” y que los emprendimientos mineros generan “interrogantes”.

Sin rechazar abiertamente la megaminería, Rodríguez preguntó ante los directivos mineros y de la UIA: “¿Cómo aseguramos mejoras sustanciales en la calidad de vida de los territorios que albergan proyectos mineros?”. Al final de su intervención, parafraseó a Thunberg: “Los vamos a estar vigilando”. Su discurso, sin sentido por entonces, envejeció aún peor tras los balazos de goma sobre los cuerpos de quienes luchan contra la megaminería en Catamarca. Cuando JOCA intentó desmarcarse, ya era tarde.

Entre todos los repudios, destacó el de jóvenes activistas en defensa de los territorios en Jáchal, Mendoza, Trelew, Fiske Menuco, Andalgalá, Bariloche, Rawson y Esquel: “Somos quienes decimos que bajo ningún término los vamos a aceptar como interlocutores de los territorios, porque demostraron ser funcionales al lobby minero. Sabemos, también, que decirse ‘populares’ no significa representar a los territorios. Somos quienes aprendimos que las luchas se dan en las calles y que la historia de resistencia al saqueo no empezó en 2019”.

En la línea de tiempo de JOCA las distancias son cortas. Pero a fuerza de repetición unos pocos meses bastaron para que se los identificara con la frase “Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro”, atribuida al Che Guevara y transformada por la agrupación en latiguillo plasmado en redes sociales y banderas (hasta surgieron usuarios paródicos). Con la llegada del Frente de Todos al poder, hicieron malabares para intentar conciliar su impronta de “rebeldía” con su cercanía al Poder Ejecutivo. 

A Lautaro Riveiro no se la contaron. El estudiante de Historia de la UBA se sumó a JOCA en septiembre de 2019 –tras la aparición de Rodríguez junto a Thunberg en la Cumbre de Acción Climática de la Juventud– y rompió con la organización tras el encuentro con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Había sido el punto máximo de un recorrido que los llevó de citar a Chico Mendes a reclamar un “Estado confiable” y decir que “hay que saltar de la resistencia a pensar e implementar la propuesta de país que queremos”.

En diálogo con Emergencia en la Tierra, Riveiro, ahora militante de la Juventud Ambientalista, habla del “viraje político” de JOCA: “De cambiar el mundo se pasó a querer institucionalizar la crisis climática”. La agrupación juvenil se separaba cada vez más de las demandas que le dieron origen para, en sus palabras, acabar “formando una colateral de partido con el Frente de Todos”.

En diciembre de 2019, a menos de un año de su fundación, la agrupación que se define como “representación de Fridays for Future en Argentina” no pasó la primera gran prueba. En aquel momento el Gobierno intentó tirar abajo la ley 7722 que defiende el agua de Mendoza de las sustancias tóxicas de la megaminería. “Mientras todo el país se movilizaba en contra del avance megaminero, una parte de la organización se juntaba en una mesa cerrada con el ministro de ambiente Juan Cabandié”, cuenta Riveiro.

Durante casi todo 2020, con la excusa de la pandemia, JOCA abandonó la movilización en las calles, excepto para marchar contra el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. A pesar de esta deserción, en abril de ese año nació la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones en rechazo al acuerdo porcino con China y la cruzada extractivista del Gobierno. Ni JOCA ni Eco House la integran.

A propósito del malogrado memorándum de entendimiento para la instalación de granjas industriales de cerdos, Riveiro recuerda que JOCA lo caracterizaba como “un acuerdo casi imposible de tirar” y que la única opción era “intentar presionar al Gobierno para hacer al mismo más sustentable, y de paso ‘obtener algunas divisas para la transición energética’”.

Pero los triunfos populares no frenaron la avanzada gubernamental, que vio en el extractivismo exportador una fuente de divisas para el pago de la deuda externa. Sociedades y beneficios para el agronegocio, aprobación del trigo transgénico HB4, subsidios a la energía fósil a pedir del FMI –particularmente el fracking en Vaca Muerta–, cajoneo del proyecto de ley de humedales hasta hacerlo perder estado parlamentario, aval al proyecto de Mariano Arcioni para habilitar la megaminería en la meseta de Chubut y luz verde de Cabandié al proyecto de adquisición sísmica de Equinor e YPF en aguas profundas del mar argentino. 

Desde el minuto cero, sectores afines al Gobierno se pusieron en campaña para demonizar o ridiculizar al activismo ambiental a coro con los dichos de funcionarios como Felipe Solá, Cabandié y Kulfas. A ojos de la gestión del Frente de Todos, JOCA representó el “ambientalismo responsable”, contra el sector que “se opone a todo”.

La cercanía de JOCA con el peronismo “les permitió tener mucha más trascendencia en medios y espacios de participación”, reflexiona Riveiro. Considera que “no es coincidencia” que una gran parte de la militancia perteneciera también “a Patria Grande u otras organizaciones afines al peronismo”.

El 2021 marcó un punto de inflexión cuando la agenda ambiental pasó en los hechos a manos de la cartera conducida por Kulfas, convirtiendo a Cabandié, agobiado por las críticas a su gestión, en una figura aún más decorativa. La joven agrupación climática pasó a tratar directamente con el ministro de Producción, con una llegada que más de un funcionario envidiaría. 

Si en junio la web de Cultura reivindicaba a la agrupación juvenil por la “construcción de una conciencia ambiental”, al mes Kulfas los recibió junto a otras ONG para repasar el Plan de Desarrollo Productivo Verde. Mercedes Pombo, militante de JOCA, celebró el diálogo y destacó el “impulso de la producción nacional” para llevar adelante la “agenda verde”. Kulfas no lo podría haber dicho mejor. 

Cuantos más despachos recorría, cuantos más espacios en la superestructura conseguía con su modesta trayectoria, más se alejaba JOCA de las luchas en los territorios y las demandas reales de las comunidades indígenas a las que sus voceros mencionan en cada discurso. En plena crisis de los incendios en Corrientes, y mientras el Gobierno tiraba abajo el amparo contra los bombardeos sísmicos offshore, la agrupación llegó al extremo de convocar una marcha para tres semanas después.

En lo que va de 2022, sus referentes ya habían hablado de “mejores controles” para el proyecto de Equinor en el mar argentino y promocionaron el plan de Nucleoeléctrica. Esto último disparó una “red flag”: entre las numerosas críticas destacó la de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que enfrenta el accionar de Barrick Gold en San Juan, sede del mayor desastre minero del país.

Desde su carpa rechazaron la minería de uranio, indispensable para la costosa, sucia y peligrosa energía nuclear, y publicaron: “La agrupación denominada Jóvenes por el Clima no representa el pensamiento y la lucha del movimiento ambientalista en defensa del territorio y la vida. En realidad, su posición demostrada más bien representa todo lo contrario a nuestras luchas”. 

Con un discurso “latinoamericanista” que plantea adaptar el reclamo global de Thunberg al ámbito local, JOCA armó un microclima con agrupaciones como la de Juan Grabois, aliado de Grobocopatel, con las que construye un “ambientalismo popular”, “argentino y latinoamericano” en oposición a las agendas de “ONG del norte global”.

Así asimila a activistas con Gobiernos y corporaciones, omitiendo que lo que llaman “norte global” son multinacionales y Gobiernos imperialistas, cuyo saqueo es habilitado por Gobiernos del “sur global” como el del Frente de Todos. Mientras el “ambientalismo popular” habla de “soberanía”, la administración de los Fernández se predispone a pagar la deuda fraudulenta exprimiendo cuerpos y territorios.

Desde aquella primera foto con el ministro Cabandié en diciembre de 2019 y el festejo porque “tenemos ministerio” hasta el encuentro en el auditorio de Producción, el derrotero de JOCA ha sido un continuum de declaraciones generales y gestos amigables con las autoridades, cuando no un conveniente silencio. Riveiro considera que así ayudan al Estado a legitimar sus políticas y liderar “una transición energética para pocos”.

Más que a un autopercibido rol de “fiscalización ambiental” de JOCA sobre las políticas públicas del Frente de Todos, para el fundador de Juventud Ambientalista la cercanía de sus referentes mostraba claramente “la intención de manejar una agenda en conjunto con el Gobierno nacional y perder todo tipo de autonomía política respecto al Estado extractivista”.