El pasado martes se celebró en la UPV (la de Valencia, no la del País Vasco) el acto oficial de apertura del curso de las universidades españolas 2018-2019 con la presencia de múltiples autoridades políticas y representantes de las instituciones académicas.
Entre los discursos que las distintas personalidades ofrecieron, destaco dos mensajes principales. El primero, ofrecido tanto por el rector de la UPV como por el presidente de la CRUE en representación ambos del conjunto de universidades del país, defendía el prestigio de la Academia y el beneficio que supone para la sociedad -a pesar de la intrafinanciación que sufre-, abogaba por una mayor libertad de autogestión y control y reclamaba una nueva Ley de Universidades.
El segundo mensaje, compartido principalmente por las fuerzas políticas, refrendaba muy positivamente el papel que las universidades ejercen en una respuesta muy políticamente correcta (nunca mejor dicho) pero, y sin embargo, no puso sobre la mesa propuestas reales de mejora de la financiación de las universidades y, sobre todo, de la investigación en España. En, mi opinión, uno de los problemas más acuciantes en el país, que está viendo cómo la locomotora de la ciencia lo va dejando atrás.
Respecto a la nueva Ley de Universidades, por cierto, destacar las palabras del ministro (al menos, en el momento de escribir estas líneas) de Ciencia, Innovación y Universidades: prevé que llegará relativamente pronto, pero antes el Gobierno quiere abordar la reforma del estatuto del PDI, la ordenación de las enseñanzas superiores oficiales y proyectar la internacionalización.
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